[Sindicales.pdif] CSIF INFORMA: " LOSU: entre el desencanto y la frustración"

Mie Abr 15 11:44:46 CEST 2026

LOSU: entre el desencanto y la frustración

El pasado 12 de abril se cumplieron tres años desde que entró en vigor 
la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Para CSIF se ha demostrado como una ley administrativa y burocrática que 
sigue sin resolver los problemas de la universidad del siglo XXI pero, 
además:

  	* Ha incidido en romper la equidad y desvertebrar el Sistema 
Universitario Español, afectando negativamente al funcionamiento de las 
universidades con incertidumbre e inestabilidad
  	* No ha resuelto los problemas de financiación ni los de precariedad y 
temporalidad del profesorado (PDI) y del personal técnico y de 
administración (PTGAS)
  	* Después de tres años seguimos sin visos de alcanzar el 1% del PIB 
para financiar a las universidades públicas y sin noticias del Estatuto 
del Personal Docente e Investigador

La aparición de una nueva Ley Orgánica genera siempre expectativas, 
vinculadas a la resolución de los problemas existentes y a la mejora 
integral que demanda el sistema. Y esto es justo lo que esperaba el 
Personal Docente e Investigador y el de Administración y Servicios de 
las universidades públicas españolas con respecto a la Ley Orgánica del 
Sistema Universitario (LOSU), mucho más cuando tanto Castells como 
Subirats colocaron acabar con la precariedad como objetivo prioritario 
de su nueva Ley universitaria.

A tres años de su entrada en vigor la LOSU ni ha asegurado la 
estabilidad ni ha acabado con la precariedad

Según el Boletín Estadístico de la Función Pública de enero de 2026, más 
de 49.00 profesores universitarios (Asociados, Sustitutos, Ayudantes, 
Ayudantes Doctores) siguen sumidos en la inestabilidad y precariedad 
laboral con una temporalidad del 45,88%. Más escandalosos son los datos 
del Personal Técnico de Gestión y de administración y servicios (PTGAS) 
que, concluidos los procesos de estabilización de la Ley 20/2021, 
alcanza una temporalidad el 50,22% cuando la media en el resto de 
administraciones públicas no llega al 30%. En este escenario, ¿alguien 
ve factible que las universidades públicas lleguen en algún momento al 
8% de temporalidad que fija la Ley?

Como ya advirtió CSIF hace un trienio, la LOSU no ha mejorado una 
carrera académica trufada de incertidumbre e inestabilidad (sin regular 
los profesores Sustitutos o el Profesor Permanente Laboral). Ha 
potenciado la perniciosa doble vía paralela, funcionarial y laboral, que 
fomenta duplicidades y frena la movilidad, generando problemas de 
homologación e incrementando la precariedad, la discriminación y las 
desigualdades entre colectivos (quitó los porcentajes de PDI 
funcionario, excluyó a figuras como Ayudantes Doctores y Asociados 
Ciencias de la Salud del cómputo de PDI laboral temporal, creó figuras 
laborales análogas a TU y CU).

La LOSU daba seis meses para que el Gobierno presentara un proyecto de 
ley del Estatuto del Personal Docente e Investigador. Cerca de tres años 
después y con una negociación inexistente, no se vislumbra que esta 
norma llegue a cuajar. Según el reciente informe CYD 2025 tampoco la 
LOSU ha rejuvenecido la plantilla del PDI (media de 49,5 años) y sigue 
mostrando un insuficiente y lento relevo generacional, y un 
estabilización tardía con una media de 40 años en los Ayudantes Doctores 
temporales, primer eslabón de la carrera académica.

Un trienio después la LOSU ha agravado la financiación de las 
universidades públicas

Aunque era uno de los puntales de Castells y Subirats, tras tres años de 
LOSU, no existe financiación suficiente para las universidades. No hace 
falta más que ver los problemas de infrafinanciación durante estos años 
de la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Complutense de Madrid, 
la Universidad de Málaga, la Universidad de Granada, la Universidad de 
Extremadura, la Universidad de A Coruña o la Universidad del País Vasco. 
Nuestra financiación pública está por debajo de la media de la UE 
(14,5%) y de la OCDE (19,5%) en gasto total por estudiante 
universitario. Resulta frustrante ver que ha aumentado el gasto público, 
pero sin alcanzar los niveles de financiación de 2009.

Seguimos sin un marco de financiación suficiente, equitativo y 
eficiente. Para CSIF resultan escandalosas las diferencias en la 
financiación de las CC. AA. Considerando el PIB per cápita regional, el 
mayor esfuerzo financiero público relativo se dio en Cantabria (41,2%) y 
en Valencia (38,1%), mientras que la menor ratio se dio en Madrid 
(16,3%) y en Cataluña (23,5%).

En definitiva, las universidades siguen enredadas en la financiación, 
casi tres años después y sin visos de alcanzar el objetivo de dedicar el 
1% del PIB a la financiación pública universitaria en 2030 (hoy está en 
el 0,75%). En este objetivo creemos que no existe voluntad política del 
Gobierno viendo una convocatoria anual de negociación y una absoluta 
falta de interés y voluntad política.

En tres años la LOSU ha desregulado y fragmentado el SUE poniendo en 
riesgo la equidad

Una desregulación que trufó toda la norma rompiendo el marco común 
básico, fragmentando el sistema universitario español (cada universidad 
y cada CC.AA. están decidiendo en temas claves como la gobernanza, los 
Estatutos, las acreditaciones, las becas y tasas o el desarrollo de 
figuras de profesorado laboral), favoreciendo las desigualdades y la 
falta de equidad y homogeneidad.

Además, el Ministerio de Universidades -pero también las CC.AA. y las 
propias Universidades-, siguen en  un muy largo período de adaptabilidad 
a través de Decretos y Reglamentos lo que ralentiza medidas necesarias 
que no admiten más dilación como la renovación y el rejuvenecimiento de 
las plantillas, la creación de figuras laborales y su acreditación, la 
implantación de la contabilidad analítica, etc. CSIF incide en que la 
LOSU no incrementó la participación de la sociedad en las universidades, 
renunció a superar la falta de transparencia y rendición de cuentas y 
disminuyó las competencias de los Consejos Sociales.

Por último, la LOSU cedió la mayoría de las competencias de la ANECA en 
evaluación del profesorado a las agencias de evaluación autonómicas 
permitiendo que la acreditación para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios la puedan hacer mediante convenio con ANECA las agencias 
de calidad autonómicas. La ausencia de un marco común en las 
acreditaciones frente a una yuxtaposición de subsistemas heterogéneos 
está generando ya en las acreditaciones de PDI laboral evidentes 
problemas de equidad, movilidad, homologación, falta de criterios 
homogéneos y desiguales tasas de éxito.

_Un cordial saludo_

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