[Sindicales.pdil] El sueldo de los funcionarios subirá en 2024 hasta un 2,5%

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El sueldo de los funcionarios subirá en 2024 hasta un 2,5%

El Gobierno incluirá la subida en los Presupuestos de 2024, que se 
aprobarán en el primer trimestre, pero se aplicará desde enero.

El salario de los más de 3,5 millones de empleados públicos subirá en un 
porcentaje fijo del 2% con la llegada de 2024, que podrá elevarse en 
otro 0,5% adicional en función de la evolución del IPC armonizado 
(IPCA).

Así lo pactaron Gobierno, CCOO y UGT en el 'Acuerdo Marco para una 
Administración del siglo XXI' firmado en octubre de 2022 y en el que se 
contemplaba una subida salarial para el conjunto de los tres años de 
hasta un 9,5%.

En concreto, el texto del acuerdo contempla para el nuevo año un 
incremento salarial fijo del 2% sobre la base de las retribuciones ya 
incrementadas en el ejercicio anterior.

Adicionalmente, si la suma de la variación del IPCA de los años 
2022-2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de esos 
mismos ejercicios, se aplicará un incremento retributivo adicional y 
consolidable del 0,5%, con efectos desde el 1 de enero de 2024.

Los sueldos de los empleados públicos aumentaron en 2022 un 3,5% y, de 
momento, han subido un 3% en 2023, pues queda pendiente de saber si se 
les practicará, con carácter retroactivo y consolidable, un alza 
adicional del 0,5% en caso de que el PIB nominal de 2023 supere el 
previsto por el Gobierno.

Si este dato de PIB, que no se conocerá hasta entrado ya 2024, supera 
las estimaciones del Ejecutivo, el salario de los empleados públicos 
habría subido en 2023 otro 3,5%, lo mismo que en 2022, y sobre esa 
cuantía final de 2023 operará el incremento fijo del 2% acordado para 
2024.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han trasladado a Europa Press que los 
funcionarios tendrán que esperar, no obstante, hasta el primer trimestre 
del próximo año para ver actualizadas sus nóminas, una vez que se 
aprueben los Presupuestos de 2024, puesto que el aumento de sus 
salarios, al contrario que ha sucedido con las pensiones, no se ha 
incluido en el decreto-ley de medidas económicas aprobado el día 27 de 
diciembre.

No obstante, las mismas fuentes precisaron que dicha subida se aplicará 
con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, y recuerdan que el 
Gobierno cerró un acuerdo con los sindicatos, que implica subidas 
superiores al 9% en tres años (2022, 2023 y 2024) y que "obviamente" va 
a cumplir lo pactado. "Lo que pactamos se cumple", han asegurado.

El aumento salarial del nuevo año beneficiará a cerca de 3,5 millones de 
personas que desempeñan su labor en las Administraciones Públicas como 
funcionarios, personal laboral u otro tipo de asalariados del sector 
público. La mayoría trabaja para las comunidades autónomas; les siguen 
por número de personal las entidades locales y la Administración 
Central.

CAMBIOS EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Por otro lado, otras medidas que afectarán a los funcionarios en 2024 
están relacionadas con su evaluación de desempeño. Pocos días antes de 
terminar 2023, el Gobierno introdujo medidas de refuerzo para evaluar el 
desempeño de todos los empleados públicos. En concreto, éstas entraron 
en vigor el pasado 21 de diciembre como parte de un Real Decreto-Ley 
mucho más amplio, de medidas urgentes para la ejecución del Plan de 
Recuperación.

En el Libro II de dicha norma se recogen cambios estructurales en el 
modelo de la Función Pública, con avances en la planificación 
estratégica de los recursos humanos y la incorporación de la evaluación 
del desempeño o nuevos sistemas de acceso.

En particular, el texto regula la evaluación del desempeño obligatoria, 
el procedimiento por el que se valora la conducta profesional y se mide 
el rendimiento del personal, todo ello con el objetivo mejorar la 
productividad para, a su vez, mejorar la prestación del servicio 
público, ha alegado el Gobierno.

Dichas evaluaciones "se plantean en positivo", según el Ejecutivo, por 
lo que "en ningún caso implicarán la pérdida de la condición de 
funcionario para quienes no las superen".

En el caso de que un empleado público no tengan resultados 
satisfactorios en las mismas, "se fomentarán medidas de formación para 
dotarles de herramientas que les permitan un mejor desempeño". "El 
fomento de la participación y las ofertas constantes de mejora de 
condiciones se convertirán además en incentivos para que puedan dar la 
vuelta a esa situación", según el Ejecutivo.

Para quienes superen estas evaluaciones, habrá beneficios directos en 
distintas variables, como la remuneración del complemento de desempeño, 
que sustituye al complemento de productividad. Además, se fomentará su 
progresión en la carrera profesional con la introducción de la carrera 
horizontal, sistema por el que se pueden mejorar las condiciones sin 
cambiar de puesto de trabajo.

Para ello, se utilizará un sistema de tramos donde se valora la 
trayectoria, la evaluación del desempeño, la formación o la 
participación en actividades de docencia o investigación. Todo lo 
anterior podrá traducirse en una retribución adicional con el 
complemento de carrera.

A esto hay que sumar cambios en el acceso a puestos de alto funcionario 
"para que prevalezcan los criterios de mérito y competencia", según el 
Gobierno.

SE LIMITA LA DURACIÓN DEL PROCESO DE OPOSICIÓN A UN MÁXIMO DE UN AÑO

Entre las novedades de esta norma que entró en vigor hace apenas unos 
días está la posibilidad de que las plazas no cubiertas tras una 
convocatoria de oposiciones puedan volver a ofrecerse si no han pasado 
más de tres años desde la publicación de la oferta.

También se establece la posibilidad de que el departamento competente 
convoque a través de la Secretaría de Estado de Función Pública 
concursos unitarios abiertos y permanentes para incluir puestos de 
trabajo vacantes en los distintos ministerios.

En lo referido a los procesos de acceso y selección de empleados 
públicos, el Gobierno impulsa "un modelo más ágil y eficiente" con la 
duración máxima de los procesos selectivos y la territorialización de 
las pruebas.

Para ello, se establecerá obligatoriamente la publicación de 
convocatorias en el mismo año de la aprobación de la Oferta de Empleo 
Público, que deberán ejecutarse en un máximo de dos años. El proceso de 
oposición, además, no podrá durar más de un año.

El Gobierno habilitará al Ministerio de Hacienda y Función Pública para 
elaborar un modelo de bases comunes en los procesos selectivos.

Las pruebas para seleccionar a los nuevos integrantes de la Función 
Pública también serán reformadas, con el objetivo de que el modelo de 
selección responda a las funciones a desempeñar en los puertos 
ofertados.

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