[Sindicales.pdif] UGT Informa: Real Decreto sobre creación de universidades

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Lun Oct 20 10:19:37 CEST 2025


UGT valora positivamente el nuevo Real Decreto sobre creación de 
universidades, pero lamenta la falta de diálogo, control efectivo y 
transparencia.

Nuestro sindicato valora la aprobación del Real Decreto 865/2025, de 7 
de octubre, que fija criterios más exigentes para la creación y 
seguimiento de universidades, aunque advierte que la norma se queda 
corta en su alcance.

UGT considera que el Gobierno ha perdido una oportunidad para garantizar 
una educación superior de calidad y reclama transparencia en el 
desarrollo de la LOSU, más controles de calidad y mayor participación 
sindical en la política universitaria, ante el crecimiento sostenido del 
sector privado frente a la oferta pública.

Zaragoza, lunes 20 de octubre de 2025. El Consejo de Ministros aprobó el 
pasado 7 de octubre el Real Decreto 905/2025 [1], por el que se 
actualizan los criterios para la creación, reconocimiento y seguimiento 
de universidades y centros universitarios. La norma, publicada al día 
siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), presta especial 
atención al seguimiento del estudiantado y la calidad de la oferta 
formativa. Entre las principales novedades, se fija que, a los seis años 
de su creación, las universidades deberán contar con un mínimo de 4.500 
estudiantes, y en un plazo de tres años, ofrecer al menos un 10% de 
plazas residenciales. Además, se limita el peso de las enseñanzas no 
oficiales, de modo que los cursos de formación permanente no podrán 
duplicar la oferta de grado.

El Real Decreto introduce también novedades significativas en el proceso 
de creación y control de las universidades. A partir de ahora, se 
requerirá un informe favorable de la ANECA para autorizar un nuevo 
centro universitario, sustituyendo el informe no vinculante que antes 
emitía la Conferencia General de Política Universitaria --salvo en el 
caso de los centros adscritos--. En cuanto a la docencia on line, el 
Gobierno no ha conseguido que las universidades digitales queden bajo 
control estatal. Así, la norma mantiene su vinculación con las agencias 
autonómicas de calidad, siempre que el 50% de la enseñanza se imparta en 
lenguas cooficiales o que el 20% de su financiación provenga de fondos 
autonómicos, como ocurre en la UOC (Cataluña) o la Universidad 
Internacional de Valencia.

Además, el texto establece garantías de viabilidad y sostenibilidad: los 
proyectos de nuevas universidades deberán presentar un aval bancario y 
acreditar experiencia previa en el sector, aunque finalmente esta última 
exigencia solo se aplicará a los equipos gestores, y no a los grupos 
propietarios o promotores, una decisión que UGT considera insuficiente. 
También se fijan mínimos en la oferta académica, exigiendo que todo 
nuevo proyecto incluya al menos tres programas de doctorado, diez grados 
y seis másteres distribuidos en tres de las cinco grandes áreas de 
conocimiento. En cuanto al profesorado, se refuerzan los estándares de 
calidad: al menos el 50% deberá ser doctor y un 60% contar con 
experiencia acreditada en investigación.

UGT valora positivamente el paso dado por el Gobierno hacia una 
regulación más rigurosa del sistema universitario, una demanda histórica 
del sindicato para poner orden ante la proliferación de universidades 
privadas con escaso control de calidad o incluso con informes negativos 
de las agencias de evaluación. No obstante, lamenta que el Ministerio no 
haya habilitado canales regulares de información ni espacios de 
negociación que permitieran conocer el texto final o formular 
aportaciones antes de su aprobación por el Consejo de Ministros.

El sindicato alerta de que el sistema universitario español se encuentra 
en una situación de desequilibrio: actualmente existen 50 universidades 
públicas y 46 privadas, con un aumento del 130% en la matriculación en 
centros privados en los últimos años, frente a un 2% en los públicos. En 
el ámbito de los másteres, la matrícula privada ya ha superado a la 
pública. Además, la última universidad pública creada en España tiene 
más de 25 años, un dato que evidencia la falta de impulso a la educación 
superior pública.

UGT considera que, aunque el Real Decreto supone un avance necesario, se 
ha quedado corto al no establecer mecanismos de control vinculantes 
sobre la creación de nuevos centros, ni una regulación específica para 
los centros adscritos. Asimismo, advierte del riesgo de que fondos 
inversores sin experiencia educativa puedan promover proyectos 
universitarios sin la debida solvencia académica o institucional.

Junto a este Real Decreto, el Gobierno aprobó también el Real Decreto 
866/2025 [2], por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
a entidades relacionadas con la investigación y el conocimiento. 
Asimismo, se alcanzó un acuerdo para la distribución de 106.001.054 
euros entre comunidades autónomas destinado al Programa "María Goyri" de 
Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades 
Públicas. UGT espera que el Ministerio convoque de manera urgente la 
Comisión de Seguimiento de la Financiación de la LOSU para informar 
sobre la ejecución de estos fondos y el reparto previsto para 2026.

Finalmente, UGT reitera su compromiso con una educación superior 
pública, inclusiva y de calidad, basada en la igualdad de oportunidades, 
la transparencia institucional y la mejora de las condiciones laborales 
de las personas trabajadoras que integran la comunidad universitaria. El 
sindicato seguirá defendiendo un modelo de universidad que priorice la 
docencia, la investigación y la innovación al servicio del bien común, y 
no de intereses puramente mercantilistas.

Más Info: UGT UNIZAR. 976 761167. infougt en unizar.es

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