<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /></head><body style='font-size: 10pt; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif'>
<div class="pre" style="margin: 0; padding: 0; font-family: monospace"><br /> Durante los últimos días <strong>CSIF</strong> ha pedido formalmente explicaciones y<br /> mesas de negociación al Ministerio de Educación y al de Ciencia,<br /> Innovación y Universidades. <strong>CSIF</strong> valora el acuerdo del Gobierno con la<br /> CRUE para que, de momento, la cotización no sea obligatoria antes del<br /> curso académico 2019-2020<br /> <br /> El pasado 29 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE el Real Decreto<br /> Ley 28/2018 de 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones<br /> públicas. En dicha norma se incluye una disposición adicional quinta,<br /> por la que se regula la inclusión en la Seguridad Social a aquellos<br /> alumnos que realizan prácticas formativas en empresas, instituciones o<br /> entidades. Aclara, además, que se incluyan aquellas prácticas no<br /> remuneradas entre las que se encuentran los alumnos universitarios de<br /> titulaciones de Grado y Máster así como alumnos de Formación<br /> Profesional de Grado Medio o Superior.<br /> <br /> El cumplimiento de esta inclusión en la Seguridad Social se atribuye a<br /> la empresa, institución o entidad en la que se desarrollan las<br /> prácticas, salvo convenio o acuerdo de cooperación, por lo que podrá<br /> corresponder a la Universidad o al centro educativo en el que los<br /> alumnos cursen sus estudios.<br /> <br /> Para <strong>CSIF</strong>, como sindicato representativo en las universidades públicas<br /> españolas, esta normativa puede acarrear perjuicios y problemas en<br /> nuestro ámbito de gestión educativa, pues en el caso de las prácticas<br /> de los Grados y Másteres si el pago de la Seguridad Social<br /> correspondiera a la Universidad, podría repercutir en el precio de las<br /> tasas y en la gestión de los centros docentes y empresas que acogen a<br /> estos alumnos universitarios. Y por el contrario, en el caso que<br /> correspondiera a la empresa receptora podría ser un hándicap a la hora<br /> de ofrecer dichas prácticas.<br /> <br /> Igualmente, si las Universidades tuvieran que hacerse cargo de la<br /> Seguridad Social de todos los miles de alumnos que tienen que realizar<br /> prácticas de aprendizaje no remunerado, podría acarrear serios<br /> problemas económicos a los centros universitarios y conllevar una<br /> importante disminución de las prácticas ofertadas.<br /> <br /> Desde <strong>CSIF</strong> consideramos las prácticas académicas del todo punto<br /> imprescindibles y en muchos casos obligatorias en la formación de<br /> nuestros estudiantes y valoramos que computen como período de<br /> cotización a la Seguridad Social. Sin embargo, la normativa publicada<br /> se ha realizado sin negociación alguna y puede tener repercusiones muy<br /> negativas para los estudiantes y las universidades.<br /> <br /> Por otro lado, consideramos que esta norma supondría una carga<br /> burocrática considerable al conllevar una revisión de todos los<br /> convenios de colaboración junto con altas y bajas en Seguridad Social<br /> constantes. Esto implicaría una nueva sobrecarga de trabajo a los<br /> empleados públicos de las universidades, en especial, al personal de<br /> administración y servicios.<br /> <br /> Como se indica en la propia disposición adicional quinta en su apartado<br /> 6, el Gobierno se da tres meses de plazo para desarrollar esta<br /> normativa, que entraría en vigor al día siguiente de la publicación<br /> de la misma. <strong>CSIF</strong> considera que debe ser negociada, pues afectará sin<br /> duda a los docentes y al personal de administración y servicios, y<br /> exige al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que exponga<br /> ante el Ministerio de Hacienda los inconvenientes que esta norma puede<br /> acarrear a nuestro sistema universitario.<br /> <br /> <strong>CSIF</strong> ha solicitado que, de manera inmediata, el Ministerio de Ciencia,<br /> Innovación y Universidades convoque la Mesa de Negociación, con el<br /> objetivo de que esta regulación no afecte al normal funcionamiento de<br /> la educación de nuestros estudiantes universitarios, no ahogue<br /> financieramente a las universidades y que no incida ni en la<br /> disminución de las prácticas ni en los precios de las tasas<br /> universitarias de los títulos de Grado y Másteres.<br /> <br /> 17 de enero</div>
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