[Sindicales.pas] El Gobierno acepta abrir un diálogo sobre la cotización de las prácticas universitarias

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Jue Ene 17 12:47:46 CET 2019


Durante los últimos días CSIF ha pedido formalmente explicaciones y
mesas de negociación al Ministerio de Educación y al de Ciencia,
Innovación y Universidades. CSIF valora el acuerdo del Gobierno con la
CRUE para que, de momento, la cotización no sea obligatoria antes del
curso académico 2019-2020

El pasado 29 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE el Real Decreto
Ley 28/2018 de 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones
públicas. En dicha norma se incluye una disposición adicional quinta,
por la que se regula la inclusión en la Seguridad Social a aquellos
alumnos que realizan prácticas formativas en empresas, instituciones o
entidades. Aclara, además, que se incluyan aquellas prácticas no
remuneradas entre las que se encuentran los alumnos universitarios de
titulaciones de Grado y Máster así como alumnos de Formación Profesional
de Grado Medio o Superior.

El cumplimiento de esta inclusión en la Seguridad Social se atribuye a
la empresa, institución o entidad en la que se desarrollan las
prácticas, salvo convenio o acuerdo de cooperación, por lo que podrá
corresponder a la Universidad o al centro educativo en el que los
alumnos cursen sus estudios.

Para CSIF, como sindicato representativo en las universidades públicas
españolas, esta normativa puede acarrear perjuicios y problemas en
nuestro ámbito de gestión educativa, pues en el caso de las prácticas de
los Grados y Másteres si el pago de la Seguridad Social correspondiera a
la Universidad, podría repercutir en el precio de las tasas y en la
gestión de los centros docentes y empresas que acogen a estos alumnos
universitarios. Y por el contrario, en el caso que correspondiera a la
empresa receptora podría ser un hándicap a la hora de ofrecer dichas
prácticas.

Igualmente, si las Universidades tuvieran que hacerse cargo de la
Seguridad Social de todos los miles de alumnos que tienen que realizar
prácticas de aprendizaje no remunerado, podría acarrear serios problemas
económicos a los centros universitarios y conllevar una importante
disminución de las prácticas ofertadas.

Desde CSIF consideramos las prácticas académicas del todo punto
imprescindibles y en muchos casos obligatorias en la formación de
nuestros estudiantes y valoramos que computen como período de cotización
a la Seguridad Social. Sin embargo, la normativa publicada se ha
realizado sin negociación alguna y puede tener repercusiones muy
negativas para los estudiantes y las universidades.

Por otro lado, consideramos que esta norma supondría una carga
burocrática considerable al conllevar una revisión de todos los
convenios de colaboración junto con altas y bajas en Seguridad Social
constantes. Esto implicaría una nueva sobrecarga de trabajo a los
empleados públicos de las universidades, en especial, al personal de
administración y servicios.

Como se indica en la propia disposición adicional quinta en su apartado
6, el Gobierno se da tres meses de plazo para desarrollar esta
normativa, que entraría en vigor al día siguiente de la publicación de
la misma. CSIF considera que debe ser negociada, pues afectará sin duda
a los docentes y al personal de administración y servicios, y exige al
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que exponga ante el
Ministerio de Hacienda los inconvenientes que esta norma puede acarrear
a nuestro sistema universitario.

CSIF ha solicitado que, de manera inmediata, el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades convoque la Mesa de Negociación, con el
objetivo de que esta regulación no afecte al normal funcionamiento de la
educación de nuestros estudiantes universitarios, no ahogue
financieramente a las universidades y que no incida ni en la disminución
de las prácticas ni en los precios de las tasas universitarias de los
títulos de Grado y Másteres.

17 de enero
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